La operación policial ha registrado cerca de 2.000 afectados, en especial ancianos, extranjeros y discapacitados, por una red de falsos revisores de gas que cobraban entre 50 y 390 euros por trabajos innecesarios, en casos particulares la cuantía ascendía a los 2.500 euros.
Los técnicos ficticios amenazaban con suspender el suministro o imponer multas si la persona se negaban a la revisión obligatoria. Los agentes han arrestado a 12 detenidos que forman parte de un conglomerado de 60 empresas. La red delictiva actuó en ocho comunidades autónomas (Galicia, Madrid, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana). El entramado acumuló una deuda 4 millones de euros con la Seguridad Social. La investigación ha embargado más de 225 cuentas bancarias y la incautación de 10 vehículos de alta gama.
Para evitar las estafas, la Policía recuerda que la revisión del gas es obligatoria cada cinco años y antes de la fecha, la compañía avisa al usuario de la visita. Se debe solicitar a los operarios que acudan al domicilio con la identificación de instalador, autorizado por el Ministerio de Industria, y llamar al 091 ante posibles engaños.
