El golpista Alfonso Armada, ha muerto este domingo a los 93 años de edad. El ex general Armada era el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército el 23 de febrero de 1981, fecha en la que él, el ex general Jaime Milans y varios militares más, el más conocido de ellos, el ex teniente coronel fascista Antonio Tejero Molina, intentaron hacerse con el poder, empleando las armas, aprovechando la dimisión del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez y la elección de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo.
Para hacerlo, asaltaron el Congreso de los Diputados, donde retuvieron a los parlamentarios y al Gobierno; sacaron los tanques a la calle, en Valencia y se hicieron con el control de Radio Nacional y Televisión Española.
Alfonso Armada había sido secretario general de la Casa del Rey, puesto que ocupó durante 17 años y del que fue cesado tras sus enfrentamientos con el presidente Suárez y después de que enviase cartas con el sello de la Casa Real pidiendo el voto para Alianza Popular en las elecciones de 1977.
De la secretaría del Rey pasó a la Escuela Superior del Ejército y, el 12 de febrero de 1981, apenas 11 días antes del intento de golpe de Estado, asumió el cargo de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército.
Según los planes de los golpistas, Armada debía asumir la Presidencia del Gobierno que sería de ‘concentración nacional’, una idea que fue rechazada de plano por el teniente coronel Tejero, cuando Armada se lo propuso en el propio Congreso. Precisamente, se descubrió su implicación en la intentona golpista cuando se ofreció al Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Gabeiras, para ir en persona al Congreso a proponer a Tejero una salida: su ofrecimiento para presidir un gobierno cívico-militar con presencia de líderes políticos.
Por aquellos hechos, el 22 de abril de 1983, el Tribunal Supremo le condenó a 30 años de cárcel y pérdida de empleo, cumpliendo parte de la pena en la prisión de Alcalá Meco, hasta que el 24 de diciembre de 1988, el Gobierno de Felipe González le indultó alegando razones de salud y que el reo acataba la Constitución.
