De boquilla. Esa parece ser el compromiso de varios responsables públicos con los Afectados por la compra de Preferentes. Ello es fácil de deducir a la vista de las multas que están imponiendo a quienes llevan un año protestando en la calle después de que – pese a que los dirigentes se les llenase la boca calificando esta situación de ‘robo’ y ‘estafa’ – les hayan dejado sin sus ahorros.
Si la semana pasada el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello firmaba sanciones impuestas a personas de avanzada edad, con problemas psicológicos, enfermedades, minusvalías e incluso por actos cometidos en lugares donde no estaban, ahora las multas se les imponen por circular sin llevar el cinturón de seguridad – 100 € – tocar la bocina sin necesidad de ello – 80 € -, coacciones, en este caso a una mujer de 82 años que necesita un andador para moverse, por increpar a agentes o proferir frases ofensivas a la autoridad.
