El Gobierno de Mariano Rajoy no para de adoptar medidas en todos los sectores, la última y que hemos conocido este jueves la más que posible prohibición para que los funcionarios dejen de pedir la jubilación voluntaria anticipada.
Y es que, el Ejecutivo central está sopesando si en los tiempos actuales de crisis la Seguridad Social puede hacer frente a esta situación más que generalizada de los empleados públicos.
Se trata de valorar si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende o no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone para las arcas estatales por el anticipo de pagos, así como la incidencia real de jubilaciones masivas en el sector público.
La propuesta forma parte de un conjunto de ideas que el Gobierno quiere discutir para frenar las jubilaciones anticipadas y parciales en el sistema, consiguiendo así un sustancial ahorro económico.
Sólo durante el año pasado, se jubilaron de manera anticipada más de 100.000 trabajadores públicos.
