No es algo que se haya decidido en los últimos días, es algo que se ha sabido cuando el Gobierno, por medio del ministro de Economía, lo ha filtrado. El grueso de los 10.000 millones de recorte anunciados por el Ejecutivo recaerán en la Sanidad. Exactamente 7.000 millones que el Ministerio de Sanidad ‘ahorrará’, tal y como lleva considerando desde que se supo que el Partido Popular llegaría al poder, reordenando la cartera de servicios básicos, modificando la gestión y estableciendo prioridades. Tenía razón el ministro De Guindos: se fijará el pago de las medicinas en función de la renta, además se aplicará la receta electrónica y se establecerá una tarjeta única en todo el Estado.
A ello se unen otras medidas como limitar el transporte sanitario, reduciendo los desplazamientos que realizan las ambulancias desde el domicilio hasta los centros hospitalarios, siempre que la situación del paciente lo permita. Además, se perseguirá el ‘el turismo sanitario’, controlando a aquellas personas de otros países que acuden a España para someterse a operaciones e intervenciones quirúrgicas.
Por último, dentro de esa ‘reordenación de la cartera de servicios’, se baraja la idea de restringir tratamientos, como es el caso de la infertilidad: si ya se han producido varios intentos sin éxito y las posibilidades de embarazo son marginales; o las operaciones de cambio de sexo, que se limitarán a casos patológicos. Con respecto a otras patologías se introducirían criterios para decidir en que casos podrá limitarse o suspenderse la prestación.
