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El alcalde exige a la Xunta que pague lo justo a los afectados por el Ofimático y garantice sus viviendas

Los vecinos llevan meses cuestionando las tasaciones y reclamando garantías para no tener que abandonar el barrio en peores condiciones

Carlos Díaz | vigoalminuto

El nuevo barrio que la Xunta quiere levantar en Lavadores tiene una cara menos visible que la de las 2.000 viviendas protegidas previstas: la de los vecinos que tendrán que dejar sus terrenos y, en algunos casos, sus propias casas para que el proyecto salga adelante. Las indemnizaciones y el futuro de esas familias vuelven a estar sobre la mesa después de que responsables de Urbanismo del Concello de Vigo mantuviesen este jueves una reunión con los afectados por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del Ofimático.

Tras el encuentro, Abel Caballero volvió a reclamar a la Xunta que llegue a un acuerdo con los propietarios y garantice compensaciones que considera justas. El alcalde puso especial énfasis en una cuestión: las familias que tengan que abandonar sus viviendas deben tener asegurado el realojo. «Defendemos que las personas afectadas y la Xunta pacten una compensación por la expropiación de su suelo que sea justa y adecuada. Pero también queremos que se garanticen los realojamientos de las familias», manifestó.

Caballero considera que el interés general de una actuación urbanística no puede justificar que quienes viven en el ámbito soporten un perjuicio importante. «Lo que no puede ser es que aquellas cuestiones que tienen interés común y global signifiquen un daño importante a los propietarios de sus terrenos», señaló.

El alcalde reclamó que las indemnizaciones se correspondan con el valor de las propiedades y que se tenga en cuenta la situación de quienes no solo perderán una parcela, sino también su residencia habitual. «Tienen que tener la valoración del suelo correspondiente, tienen que tener la posibilidad de su realojamiento», insistió.


Más de 240 parcelas y 35 viviendas afectadas

El alcance del proyecto explica la preocupación de los vecinos. La actuación afecta a más de 210.000 metros cuadrados en el entorno de la avenida de Madrid, la rúa Anduriña, la Estrada do Vilar y Ceboleira. Según los datos publicados sobre el expediente y trasladados por los afectados, la expropiación alcanza a más de 240 parcelas y alrededor de 35 viviendas.

La discusión más complicada está en el precio del suelo. Los propietarios cuestionan las valoraciones planteadas por la Administración autonómica, con cantidades que, según las cifras trasladadas a los vecinos, se mueven entre los dos y los doce euros por metro cuadrado. Consideran que esas cantidades no reflejan el valor de sus propiedades y llevan meses reclamando otras fórmulas que eviten una pérdida patrimonial que consideran injusta.

El problema tiene otra dimensión para las familias que residen en la zona. La Xunta ha planteado reservar viviendas para los realojos, pero los afectados quieren conocer las condiciones concretas de esa alternativa. Entre sus principales preocupaciones está que la solución les permita mantener unas condiciones residenciales similares a las que tienen ahora. También han pedido compromisos por escrito y claridad sobre los gastos del traslado y el alojamiento durante el tiempo que dure el proceso.

No es una discusión menor. Para los propietarios de parcelas, la cuestión es cuánto recibirán por unos terrenos que pasarán a formar parte de un nuevo desarrollo residencial. Para quienes tienen allí su casa, está en juego también dónde vivirán cuando se ejecuten las expropiaciones.


Un proyecto que sigue generando oposición vecinal

El PIA del Ofimático contempla urbanizar una superficie de 210.814 metros cuadrados para desarrollar unas 2.000 viviendas protegidas. La Xunta defiende esta actuación como una de las operaciones con las que pretende ampliar la oferta de vivienda en Vigo. La inversión estimada para la urbanización ronda los 22 millones de euros.

Los vecinos, sin embargo, no cuestionan únicamente las consecuencias de las expropiaciones. También han criticado la fórmula elegida para desarrollar el ámbito y han pedido que se estudien alternativas que permitan reducir su impacto sobre las propiedades existentes.

La plataforma de afectados lleva meses organizando reuniones y movilizaciones para reclamar cambios en las valoraciones y garantías sobre el futuro de las familias. La preocupación se extiende a un barrio que ya sufrió expropiaciones durante la construcción de la Avenida de Madrid y cuyos residentes temen volver a pasar por un proceso similar.

La Xunta y los propietarios mantienen abierto el diálogo sobre las condiciones de la actuación, pero las cuestiones fundamentales siguen pendientes de concreción.


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