¿Quién podrá seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones de Vigo?

La aprobación definitiva de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Vigo deja ya definido quién podrá seguir circulando por las áreas afectadas por las restricciones y en qué condiciones. La normativa, que incorpora una veintena de excepciones, suaviza el alcance inicial de las limitaciones al permitir el acceso a residentes, numerosos profesionales, servicios esenciales y otros colectivos. Sin embargo, la entrada en vigor plantea una incógnita importante: el Ayuntamiento reconoce que el sistema para tramitar las autorizaciones podría no estar listo hasta dos meses después de que comiencen a aplicarse las restricciones.

Una regulación que nace con dudas

El Pleno municipal aprobó este lunes la ordenanza que regulará el acceso a las áreas sometidas a restricciones de tráfico, una normativa que incluye hasta 20 supuestos de excepción para evitar que miles de vecinos, trabajadores y empresas tengan que sustituir sus vehículos de forma inmediata.

La ordenanza desarrolla la obligación impuesta por la legislación estatal a las ciudades de más de 50.000 habitantes para implantar zonas destinadas a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Sin embargo, en el caso de Vigo, la aplicación práctica de la medida nace acompañada de una importante incertidumbre administrativa.

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El propio texto aprobado reconoce que la plataforma informática necesaria para gestionar las autorizaciones de acceso puede tardar hasta dos meses en estar plenamente operativa desde la entrada en vigor de la normativa. Durante ese tiempo, el Gobierno municipal no ha explicado cómo podrán solicitar los permisos los ciudadanos que necesiten acogerse a alguna de las excepciones previstas.

La incógnita no es menor porque la ordenanza también contempla un régimen sancionador con multas de hasta 200 euros para quienes incumplan las restricciones de acceso.

Quién podrá entrar en la Zona de Bajas Emisiones

Lejos de establecer una prohibición general, la regulación incorpora un amplio catálogo de excepciones que permitirá seguir circulando a numerosos usuarios.

Entre los principales beneficiarios figuran:

Vehículos domiciliados dentro de la propia ZBE y dados de alta en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Concello.
Los vehículos vinculados a actividades económicas.
Aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida.
Los adscritos a servicios públicos esenciales y administraciones públicas.
Vehículos históricos.
Motocicletas y ciclomotores, que podrán circular entre las 07.00 y las 22.00 horas.

Profesionales y empresas

La ordenanza también protege la actividad económica permitiendo el acceso a numerosos profesionales.

Podrán entrar, entre otros:

Vehículos industriales de empresas suministradoras.
Taxis y vehículos de alquiler con conductor autorizados.
Autobuses destinados a instituciones.
Vehículos que realicen entregas o recogidas de mercancías y suministros.
Los que deban desplazarse a talleres de reparación.
Vehículos que participen en actividades previamente autorizadas por el Concello en la vía pública.

Sanidad, educación y aparcamientos

Las excepciones alcanzan igualmente a situaciones relacionadas con necesidades personales o laborales.

Se permitirá el acceso a:

Vehículos que acudan a centros sanitarios.
Vehículos que se dirijan a centros educativos.
Trabajadores con horario nocturno.
Conductores que accedan a aparcamientos públicos o privados situados dentro de la zona restringida.

Dos meses de incertidumbre

La principal incógnita se sitúa ahora en el periodo inicial de aplicación de la ordenanza.

Aunque las restricciones podrán entrar en vigor, el Ayuntamiento admite que la plataforma para gestionar autorizaciones podría demorarse hasta dos meses. Durante ese tiempo no está claro qué procedimiento deberán seguir quienes necesiten acreditar que reúnen alguno de los supuestos de excepción previstos por la propia normativa.

Ese vacío operativo coincide además con la posibilidad de imponer sanciones económicas de hasta 200 euros, una circunstancia sobre la que el Gobierno municipal todavía no ha concretado cómo actuará mientras el sistema de autorizaciones permanezca inactivo.

Mientras el portavoz del gobierno defendió que la ordenanza cuenta con una «sólida estructura jurídica», sosteniendo que las numerosas excepciones incorporadas evitarán que una parte importante de ciudadanos y profesionales se vea obligada a renovar su vehículo para poder seguir desarrollando su actividad habitual, la oposición se mostró mucho más crítica y apuntó que esta normativa dificultará la circulación en la ciudad y no servirá para animar a los vigueses a usar el transporte urbano.