El procedimiento escogido por el Concello de Vigo para ejecutar una de las actuaciones clave para el futuro de Balaídos parece que ha abierto un enésimo frente político y uno nuevo, pero de orden administrativo, con la Diputación.
Este viernes, la vicepresidenta del organismo provincial, Luisa Sánchez, ha denunciado que la obra para trasladar los colectores situados junto a la grada de Tribuna —un paso imprescindible antes de acometer la futura ampliación del estadio y aumentar su capacidad— se ejecutará finalmente a través del plan de inversiones de la concesionaria del agua, Aqualia, una fórmula que, según los técnicos de la Deputación de Pontevedra, impide actualmente encontrar un encaje administrativo para que la institución provincial pueda participar económicamente.
Financiar una obra vinculada a un contrato que se paga a través del servicio del agua
Sánchez, aseguró este viernes que los informes de la Intervención provincia concluyen que una aportación económica de la Diputación a una actuación incluida dentro de una concesión municipal no sería viable jurídicamente, ya que supondría financiar una obra vinculada a un contrato ya sufragado a través del servicio del agua.
Según explicó, la única posibilidad para que la institución provincial pudiese incorporarse económicamente al proyecto pasaría por abrir un contrato independiente para ejecutar la actuación, una alternativa que, reconoció, podría retrasar unos plazos ya ajustados debido a las exigencias asociadas a la candidatura de Vigo al Mundial de 2030.
Ya lo advirtió hace un mes
La controversia surge precisamente semanas después de que la propia vicepresidenta ya hubiese cuestionado públicamente la fórmula elegida por el Concello para ejecutar la actuación.
El pasado 23 de abril, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció una inversión de 2,8 millones de euros vinculada a la candidatura viguesa al Mundial 2030, aunque todavía sin un proyecto constructivo definitivo hecho público sobre la futura ampliación de Tribuna. La Junta de Gobierno Local aprobaba entonces el inicio del procedimiento para retranquear los colectores de saneamiento ubicados junto a esa grada, una intervención considerada imprescindible para poder acometer posteriormente la reforma del estadio.
Un día después, Luisa Sánchez ya pedía explicaciones al gobierno local sobre quién asumiría realmente el coste de la obra. La vicepresidenta reclamaba aclarar si sería Aqualia quien ejecutaría la actuación con cargo al actual plan de inversiones o si el Concello realizaría alguna aportación económica adicional.
La cuestión no era menor. Según señalaba entonces, el expediente aprobado por el gobierno municipal indicaba que el gasto se imputaría al plan de inversiones asociado a la prórroga de la concesión de Aqualia, aunque advertía de que esa actuación no figuraba inicialmente dentro de las inversiones previstas.
¿Desplazará otras inversiones en el saneamiento de la ciudad?
A partir de ahí surgieron las primeras dudas sobre las posibles consecuencias de esa decisión. La dirigente popular cuestionaba si incorporar una actuación de este volumen podría acabar desplazando otras inversiones previstas para la red de saneamiento de Vigo.
También expresaba entonces otra preocupación: el origen de la financiación. Sánchez advertía de que Aqualia financia sus inversiones a través del recibo del agua que pagan los ciudadanos vigueses y llegaba a plantear si los vecinos podrían acabar asumiendo indirectamente el coste de una obra vinculada a Balaídos.
Ahora, semanas después, el debate ha cambiado parcialmente de enfoque. Si inicialmente las dudas se centraban en quién asumiría el coste de la actuación y de dónde saldrían los fondos, la discusión se desplaza hacia las consecuencias administrativas derivadas del procedimiento escogido.
Según sostuvo este viernes la representante provincial, el modelo finalmente adoptado por el Concello permite reducir tiempos de ejecución, un aspecto importante en una infraestructura ligada al calendario del Mundial, pero al mismo tiempo deja fuera a la Diputación de la posibilidad de participar en la financiación en esta fase del proyecto.
Los trabajos previstos consisten en desplazar dos grandes colectores paralelos vinculados al entorno del río Lagares y de la avenida de Fragoso, actualmente situados muy próximos a la grada de Tribuna. La actuación contempla una inversión de 2.821.000 euros, un plazo estimado de ejecución de 14 meses y la excavación de unos 8.500 metros cúbicos de tierra.
Y ¿cúanto costará la reforma de Tribuna, quién la pagará y cómo?
Una vez finalizados esos trabajos previos, el siguiente paso será acometer una nueva transformación de Tribuna para incrementar la capacidad del estadio hasta alcanzar los 43.000 espectadores exigidos por la FIFA para una sede mundialista.
La financiación de esa futura ampliación sigue siendo uno de los principales puntos pendientes. Caballero ha defendido durante los últimos meses que tanto la Xunta como la Diputación deberían asumir cada una un tercio del coste de las actuaciones necesarias. Ambas administraciones habían reclamado previamente la remisión de la documentación técnica necesaria para estudiar posibles aportaciones económicas.
Mientras tanto, el traslado de los colectores se ha convertido ya no solo en una obra técnica necesaria para el futuro de Balaídos, sino también en el nuevo foco del debate sobre cómo y quién financiará la transformación del estadio.
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