La comisión de fiestas de la parroquia viguesa de Matamá ha decidido dar un paso al frente tras el caso del Saltamontes, ya cerrado judicialmente en lo que afecta a la propia comisión.
Pese al archivo de la causa en su contra, el episodio ha dejado una consecuencia clara en el sector: la necesidad de redefinir con precisión qué responsabilidades corresponden a las comisiones de fiestas y cuáles a las Administraciones públicas.
Un problema que va más allá de un caso concreto
El presidente de la comisión, Cristian González, insiste en que lo ocurrido ha puesto sobre la mesa una cuestión estructural que afecta a todas las fiestas populares de Galicia.
Defiende que las comisiones deben centrarse en la organización y dinamización de los festejos, pero no asumir funciones como la autorización o el control de atracciones, que dependen de las Administraciones competentes.
“Esto que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquier comisión”, advierte, en referencia a la incertidumbre que aún perciben muchos organizadores.
Llamamiento a la unidad del sector
Desde Matamá se está impulsando un encuentro de comisiones de toda Galicia, previsto para el 30 de mayo en Santiago, con el objetivo de abordar de forma conjunta la delimitación de competencias y mejorar la coordinación con las Administraciones.
El objetivo es evitar interpretaciones ambiguas que puedan generar inseguridad en el futuro y garantizar un marco de actuación claro para quienes organizan fiestas populares.
Un debate abierto en las fiestas populares
Aunque el caso del Saltamontes ya no tiene recorrido judicial para la comisión de Matamá, sí ha abierto un debate más amplio en Galicia sobre el modelo de organización de las fiestas y el reparto de responsabilidades.
Un debate que ahora el sector quiere abordar de forma colectiva antes de que se repitan situaciones similares.
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