La nueva ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) impulsada por el gobierno local de Vigo ha provocado el rechazo de toda la oposición municipal. Tanto el BNG como el PP cuestionan el modelo diseñado por el ejecutivo de Abel Caballero y coinciden en criticar su carácter restrictivo y la falta de alternativas reales.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha reclamado la retirada definitiva del proyecto y ha calificado la propuesta como una “ordenanza de Schrödinger”. Según explicó, “restrinxe e ao mesmo tempo permite; prevé multas pero non as vai aplicar no inmediato”, cuestionando la coherencia del modelo.
Críticas al modelo y a la falta de participación
Desde el Bloque denuncian que el sistema de cuatro perímetros restringidos a vehículos no híbridos o eléctricos no reducirá las emisiones, sino que desplazará el tráfico a otras calles. Además, critican “anos de opacidade” en la tramitación, señalando que no se convocaron órganos de participación como los consejos sectoriales de Transportes, Medio Ambiente o Accesibilidad.
El BNG defiende que “hai alternativa” al modelo actual y apuesta por reforzar el transporte público, ampliar los espacios peatonales y facilitar el uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal. En esta línea, proponen destinar los 5,5 millones de euros previstos para la ZBE a mejorar el transporte urbano y actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
También han cuestionado el programa ‘Vigo Ecodriving 2030’, al que califican como un “proxecto pantasma” por no contar con dotación económica ni personal asignado.
El PP habla de “mentiras” tras confirmarse que habrá multas
Por su parte, la portavoz del PP en Vigo, Luisa Sánchez, ha exigido a Caballero que “pida disculpas” a la ciudadanía por haber ocultado, a su juicio, el carácter sancionador de la norma.
Según explicó, la ordenanza confirma que habrá multas para los vehículos que incumplan las restricciones una vez finalice el periodo de gracia de un año. “Decir que no se va a multar de inicio es admitir que se acabará multando”, afirmó.
El PP sostiene que las sanciones alcanzarán los 200 euros y critica que su aplicación se retrase hasta después de las elecciones municipales. “El tiempo, una vez más, nos da la razón”, señaló Sánchez.
Peticiones para retrasar sanciones y reforzar el transporte
La formación popular ha solicitado agotar los plazos legales para retrasar al máximo la entrada en vigor del régimen sancionador y ampliar las excepciones para los vehículos afectados.
Asimismo, reclama medidas paralelas para mitigar el impacto de las restricciones, especialmente mediante el refuerzo del transporte público con más rutas y frecuencias. También propone implantar abonos mensuales y anuales que permitan abaratar el coste del billete y fomentar el uso del autobús urbano.
Un modelo en disputa
La ordenanza de las ZBE, aprobada inicialmente por el Gobierno Local, inicia ahora su periodo de exposición pública, en el que podrán presentarse alegaciones.
El debate político refleja dos modelos enfrentados: el del gobierno municipal, basado en restricciones progresivas al tráfico, y el de la oposición, que apuesta por priorizar alternativas antes de aplicar sanciones.
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