Amnistía Internacional ha reclamado al Concello de Vigo que aplique de forma inmediata el control del precio del alquiler previsto en la Ley de Vivienda, aumente las plazas del albergue municipal y ponga en marcha un programa específico frente al sinhogarismo y la infravivienda con un parque propio de vivienda social.
La organización presentó estas demandas durante la difusión de su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que también alerta de un deterioro global de libertades, derechos sociales y garantías democráticas.
En clave local, Amnistía Internacional en Vigo considera prioritario actuar sobre el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones ciudadanas en la ciudad. Según la entidad, la subida continuada de los alquileres durante la última década está expulsando del mercado a muchas familias, jóvenes y personas vulnerables.
Por ello, reclama que el Ayuntamiento de Vigo solicite a la Xunta la declaración necesaria para aplicar el control del precio del alquiler en Vigo, tal y como contempla la legislación estatal, con el objetivo de frenar el encarecimiento de la vivienda y facilitar el acceso a pisos en alquiler a precios asequibles.
Además, pide más capacidad en el albergue municipal y un plan estable para afrontar situaciones de exclusión residencial severa, como personas sin hogar, chabolismo o familias que viven en condiciones indignas.
La portavoz de la organización en Vigo, Isabel Flores, señaló que el reciente desalojo de unas 30 personas sin hogar de una nave en la zona de O Berbés evidencia la necesidad de reforzar los recursos públicos y garantizar alternativas habitacionales dignas y estables.
Más vivienda social en Galicia y mejora de la Atención Primaria
En paralelo, Amnistía Internacional exige a la Xunta de Galicia duplicar los recursos previstos en políticas de vivienda para alcanzar un parque de 16.000 viviendas sociales en 2030.
La entidad considera insuficiente la actual oferta pública y advierte de que Galicia continúa lejos de la media europea en vivienda social asequible. Por ello, reclama una estrategia urgente que permita incrementar el parque público y atender emergencias habitacionales.
La organización también puso el foco en la sanidad pública gallega. Según denunció, desde 2009 el gasto sanitario en Galicia habría descendido un 5%, mientras que en Atención Primaria la caída alcanzaría el 7%.
Amnistía reclama un aumento mínimo del 10% de inversión en Atención Primaria en Galicia, así como más personal, mejores medios materiales y reducción de listas de espera para citas médicas.
Violencia de género e incendios
Otro de los puntos destacados es la petición de más recursos para los juzgados de violencia de género, así como para los centros 24 horas para víctimas de violencia sexual.
La organización solicita equipos multidisciplinares especializados, financiación estable, campañas informativas y mayor coordinación institucional para mejorar la atención a las víctimas.
Asimismo, reclama una respuesta decidida frente a la crisis climática y más medidas de prevención, recuperación y formación ciudadana ante los incendios forestales en Galicia, uno de los grandes problemas recurrentes de la comunidad.
Advertencia global sobre derechos humanos
En el plano internacional, el informe alerta de una nueva etapa marcada por ataques contra los derechos humanos, el multilateralismo y el derecho internacional.
Amnistía denuncia el avance de movimientos autoritarios y políticas que amenazan libertades fundamentales, y pide a los Estados una respuesta firme para proteger los avances democráticos logrados en las últimas décadas.
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