La plataforma SOS Sanidade Pública ha convocado a la ciudadanía a concentrarse este lunes 13 a las 11:00 horas ante el Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, en la rúa Lalín de Vigo, con motivo del Día Internacional de la Atención Primaria. El objetivo de la movilización es “defender y reclamar su fortalecimiento”.
El colectivo denuncia una situación de deterioro progresivo del sistema sanitario público en Galicia. Entre los principales datos que señalan, advierten de que unos 11.000 niños gallegos no cuentan con pediatra asignado y que las citas en Medicina de Familia superan habitualmente los 10 días de espera. Además, aseguran que los servicios de urgencias sufren episodios de colapso recurrente.
SOS Sanidade Pública llama a la población a expresar su rechazo al “desmantelamiento de la Atención Primaria” y a exigir una sanidad pública “de calidad, accesible y con más recursos”.
La Atención Primaria gallega, la peor valorada del Estado
Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Galicia se sitúa entre las comunidades peor valoradas en Atención Primaria. En Vigo, el mes pasado alrededor de medio centenar de médicos de Atención Primaria permanecieron durante una semana en el centro de salud Olimpia Valencia, llegando a dormir por turnos en el ambulatorio como medida de protesta ante la situación del sistema.
Empeoramiento de la Sanidad Pública en su conjunto
A ello se suman unos tiempos de espera que, según diversas fuentes, se encuentran en niveles máximos de la última década. Las demoras medias alcanzan los 97,8 días para pruebas diagnósticas y los 72,8 días para intervenciones quirúrgicas.
En algunos casos concretos, las listas de espera son aún más elevadas: hasta 170 días para una ecografía de tórax, 150 días para una endoscopia digestiva o 127 días para una ecografía de mama. En determinadas especialidades quirúrgicas, como otorrinolaringología, las esperas llegan a los 163 días.
Paralelamente, diversas entidades, sindicatos y partidos critican el incremento del gasto en conciertos con la sanidad privada, que habría pasado de 200 millones de euros en 2023 a 246 millones en 2025. Estas organizaciones acusan a la administración autonómica de priorizar derivaciones al sector privado en lugar de reforzar el sistema público.
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