La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó este viernes que entre las medidas fiscales que el Gobierno estudia para contener el precio de la electricidad se encuentra la reducción del IVA. Esta iniciativa se plantea como respuesta a la volatilidad de los mercados energéticos generada por las tensiones en Oriente Próximo.
En declaraciones a los medios, Aagesen indicó que el Ejecutivo sigue trabajando en un plan de respuesta “integral” al impacto económico de la guerra en Irán, evaluando las propuestas de los distintos grupos parlamentarios y subrayando que “el consenso es fundamental”.
La ministra recordó que la bajada del IVA de la electricidad ya se aplicó como parte de las medidas impulsadas durante la crisis energética de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Aagesen añadió que “trabajamos cada hora y cada día para que ese paquete de medidas, que es un plan de respuesta integral, pueda llegar cuanto antes a todo el tejido productivo, a todos los ciudadanos, a los hogares y a los distintos sectores que se están viendo más afectados”.
Iniciativas sociales, apoyo a profesionales, medidas fiscales y antifraude
Según explicó, el “esqueleto” del plan presentado a los agentes sociales se articula en cuatro grandes pilares de carácter coyuntural:
- Medidas de escudo social para proteger a los más vulnerables.
- Apoyo a profesionales para mitigar el impacto de la subida de carburantes.
- Medidas fiscales en el ámbito energético, incluyendo la posible bajada del IVA de la electricidad.
- Medidas antifraude para garantizar la eficacia del paquete.
Además, se implementarán acciones de carácter estructural orientadas a reforzar la soberanía energética del país, apostando por el aprovechamiento de los recursos renovables que España posee. Aagesen destacó que es “importantísimo seguir profundando en la soberanía energética recorriendo a aquello de que España tiene grandes recursos, que son las renovables”.
El Gobierno mantiene su compromiso de que estas medidas lleguen con rapidez a hogares, empresas y sectores más afectados, combinando acciones inmediatas con estrategias a largo plazo para garantizar la estabilidad del sistema energético y proteger a los consumidores.
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