Más de medio centenar de plataformas ciudadanas, asociaciones y movimientos sociales de todo el Estado han lanzado una ofensiva coordinada para frenar lo que califican como “desmantelamiento” de la sanidad pública. Las organizaciones denuncian décadas de privatización progresiva, infrafinanciación y externalizaciones en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y anuncian movilizaciones conjuntas en al menos diez comunidades autónomas durante 2026.
El eje central de sus reivindicaciones es la derogación de la Ley 15/1997, norma que permitió fórmulas de gestión público-privada en la red sanitaria. A ello suman la eliminación del Real Decreto‑ley 16/2012, al que atribuyen haber introducido un modelo de cobertura vinculado a la condición de asegurado y no a la ciudadanía, y la reforma de artículos de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Contratos del Sector Público que permiten conciertos sanitarios y contratos menores con empresas privadas.
Un 25% del gasto sanitario público destinado a la Atención Primaria
Las organizaciones reclaman además un refuerzo estructural de la Atención Primaria, con una financiación mínima del 25 % del gasto sanitario total. A su juicio, el deterioro de este nivel asistencial es “intencionado” para derivar pacientes al sector privado y favorecer el negocio sanitario. También critican el uso de sistemas automatizados y centros de llamadas en la gestión de citas y derivaciones, que —según sostienen— aceleran la externalización de servicios.
De los cribados de cáncer de mama, en Andalucía, a reutilización de material sanitario
Entre los argumentos que esgrimen figuran recientes polémicas sanitarias: desde problemas en cribados de cáncer de mama en Andalucía hasta denuncias sobre gestión en hospitales de concesión y reutilización de material sanitario de un solo uso en centros de gestión privada.
“Cuando la salud se convierte en negocio deja de ser un derecho”, señalan en el manifiesto conjunto, en el que defienden un sistema sanitario público “universal, suficiente y sin privatizaciones”, con independencia del color político de los gobiernos. Las plataformas prevén que las primeras movilizaciones coordinadas se concreten en las próximas semanas.
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