El chalé-prostíbulo de Vigo protagoniza un caso de explotación laboral que terminó con condenas sorprendentemente leves para sus responsables:
- Un acusado acepta 1 año de prisión y 1.620 euros de multa.
- Otro se conforma con 6 meses de cárcel y 720 euros.
- El tercero recibe 5 meses de prisión y 480 euros de multa.
En total, menos de dos años de cárcel por no registrar en la Seguridad Social a más de 20 trabajadoras, algunas de ellas en situación irregular o sin autorización para trabajar en España.
Multas reducidas frente a la Seguridad Social
La Seguridad Social reclamaba más de 20.000 euros por cuotas impagadas durante las inspecciones de febrero y agosto de 2023. Tras el acuerdo entre Fiscalía y las defensas, la deuda se reduce a 1.558€, calculados por 19 días sin alta a razón de 82€ diarios. Una diferencia que evidencia la magnitud de la reducción frente a la sanción original.
Empresa cerrada y actividad suspendida
El prostíbulo, gestionado por dos socios y un empleado intermediario, fue condenado a suspensión de actividad durante cinco años, aunque ya no existe legalmente.
La empresa había sido multada previamente con más de 40.000 euros por contratar a extranjeras sin permiso de trabajo, y estuvo cerrada entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 tras medidas cautelares.
Contexto del caso
- Las inspecciones detectaron 10 trabajadoras sin alta en febrero y 9 más en agosto, algunas en situación irregular y otras sin autorización laboral.
- La Fiscalía pedía inicialmente 2 años y medio de prisión y 3.000 euros de multa por cada acusado.
- La gestión del local incluía contratación verbal, cobro de clientes y reparto de porcentajes, según las pruebas del juicio.
Un caso que evidencia la levedad de las penas frente a la explotación laboral y la precariedad de las trabajadoras.
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