El Gobierno municipal de Vigo ha optado por el cierre de filas y el silencio político ante uno de los episodios más graves vividos en las fiestas populares de la ciudad. El PSOE rechazó este lunes debatir en el Pleno de la Corporación viguesa de las mociones de urgencia presentadas por PP y BNG para exigir explicaciones y responsabilidades tras la citación judicial, en calidad de investigada, de la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez, por el accidente mortal del ‘Saltamontes’ ocurrido en Matamá en agosto de 2024.
Las mociones no llegaron ni a exponerse, chocando ante el voto en contra de los 19 concejales y concejalas socialistas de aprobar la urgencia del debate. El portavoz del gobierno local, Carlos López Font, sostuvo que no había motivo para abordar el asunto porque, al inicio del Pleno, la concejala no había recibido “comunicación oficial” de su situación procesal.
«Caza personal» y «política carroñera»
Lejos de mostrar prudencia institucional, Font elevó el tono asegurando que PP y BNG habían utilizado estas mociones ante “lo extraordinariamente bien que lo hace” la concejala, acusando a populares y nacionalistas de practicar “política carroñera” y de utilizar el pleno para una “caza personal”. El portavoz del gobierno local completó, así, un discurso de confrontación esquivando cualquier autocrítica y reduciendo el debate a una guerra partidista.
Más de 500 días sin aclarar por qué no se precintó al atracción
Desde la oposición, el diagnóstico fue distinto. La portavoz del PP, Luisa Sánchez, calificó la situación de “extrema gravedad” y denunció la negativa del gobierno a dar explicaciones públicas sobre un accidente con resultado de muerte. La presidenta de los populares vigueses recordó que han pasado casi 18 meses desde el accidente mortal sin que el alcalde haya dado explicaciones públicas, asumido responsabilidad alguna – tampoco de miembros de su gobierno – o haya recibido a los padres del joven fallecido en el accidente.
En términos similares se expresó el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, quien recordó que el Concello lleva más de 500 días sin aclarar por qué no se precintó la atracción y reclamó responsabilidades políticas más allá del recorrido judicial.
Citada a declarar
La causa, instruida por un juzgado de Vigo, no se limita a la concejala. La jueza ha ampliado la investigación al jefe de área de Seguridad y Movilidad del Concello y al perito responsable de la inspección de la atracción. Las declaraciones están fijadas para el próximo 3 de febrero.
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