Galicia

PACMA denuncia el despilfarro de millones de euros en subvencionar a cazadores para que maten jabalíes

“Varias comunidades están pagando a los pirómanos para apagar el fuego”

PACMA ha puesto el dedo en la llaga: la gestión de la fauna silvestre en España. El Partido Animalista denuncia que es un auténtico «negocio sangriento» y acusa a varias comunidades autónomas de destinar partidas millonarias de dinero público a financiar a los cazadores bajo la excusa del control de jabalíes, sin recurrir a métodos éticos ni científicos que han demostrado eficacia en otros países europeos.

Los datos que maneja PACMA son contundentes. La Comunidad Valenciana ofrece hasta 40 euros por jabalí abatido a los cotos, además de partidas cercanas a 900.000 euros para control municipal y 300.000 euros adicionales para sociedades de cazadores. Galicia y Extremadura destinan cientos de miles de euros más, y a nivel estatal, las ayudas superan los 1,4 millones de euros.

“Están pagando a los pirómanos para apagar el fuego”

“Están pagando a los pirómanos para apagar el fuego”, denuncia Javier Luna, presidente de PACMA. “Se ha demonizado al jabalí para justificar que los cazadores maten a su antojo con dinero público. No es gestión, es negocio”.

El partido critica la comparación con otros países: mientras Alemania protege a las matriarcas de las piaras para evitar dispersión y reproducción descontrolada, España premia la matanza indiscriminada. Además, alertan sobre la existencia de granjas cinegéticas y cotos intensivos donde se crían jabalíes solo para matarlos, creando el problema para luego vender la solución.

Destrucción de los hábitats naturales

PACMA insiste en que la verdadera causa del conflicto es la invasión y destrucción de los hábitats naturales, que empuja a los jabalíes hacia zonas urbanas y cultivos. En lugar de invertir en pasos de fauna, repelentes, vacunación anticonceptiva o protección de ecosistemas, la administración elige la vía fácil: el plomo.

Por todo ello, exige el cese inmediato de subvenciones al lobby de la caza y la puesta en marcha de planes de gestión ética y científica de la fauna, basados en evidencia y no en intereses económicos.


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