La Fiscalía Antidroga se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella presentada por una asociación de derecha extrema contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que las acusaciones por presunto narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal carecen de cualquier base probatoria.
“Conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”
En un informe remitido este jueves al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, el fiscal Javier Redondo concluye que la querella no describe hechos con apariencia delictiva y se limita a “conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”, sin apoyo fáctico alguno que permita sostener una investigación penal.
Esta asociación ultra atribuía a Zapatero una supuesta vinculación con el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y con el denominado Cártel de los Soles, organización que, según recuerda la Fiscalía, ni siquiera figura en la acusación formal vigente contra Maduro. “Difícilmente puede afirmarse la pertenencia del querellado a una auténtica organización criminal dedicada al tráfico de drogas”, señala el escrito.
Respecto al presunto delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía es tajante y afirma que no existe indicio alguno de que el dinero o los bienes atribuidos al expresidente Zapatero procedan de actividades relacionadas con el narcotráfico, ni propias ni de terceros con los que pudiera haber colaborado para ocultarlos.
No hay ni comunicado alguno de las fuerzas antidroga estadounidenses
El fiscal subraya además la estrecha y habitual colaboración de la Fiscalía Antidroga española con las autoridades estadounidenses en la persecución de delitos de tráfico de drogas, lo que permitiría asegurar que, de existir cualquier indicio contra Zapatero, este habría sido comunicado por los cauces oficiales. “Nada de eso ha ocurrido”, recalca el informe.
Con este posicionamiento, el Ministerio Público solicita al juez que inadmite de plano la querella, al entender que no supera el umbral mínimo exigible para abrir diligencias penales. Será ahora el magistrado de la Audiencia Nacional quien decida si archiva el caso o adopta alguna otra resolución.
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