El portavoz popular en Redondela, Javier Bas, reitera su compromiso de seguir luchando contra la subida del 165% de la tasa de la basura, una medida aprobada por el Gobierno local –PSOE, BNG y AER– y que se encuentra actualmente en período voluntario de pago. El ex alcalde recuerda que esta modificación fiscal afecta ya a los vecinos y, especialmente, al tejido comercial y hostelero del municipio.
Recurso judicial y derogación si llega al Gobierno municipal en 2027
Bas explica que el PP mantiene activo un recurso judicial contra esta ordenanza tras su rechazo en pleno y la desestimación de las alegaciones presentadas. Así, sostiene que la subida es “injusta” y genera “desigualdades y abusos”, y avanza que su partido derogará la tasa si logra la Alcaldía en 2027, proponiendo además la creación de una mesa de diálogo con vecinos, comerciantes y hosteleros para consensuar tarifas más razonables y garantizar la sostenibilidad del servicio.
No se cree los datos económicos de Digna Rivas
El PP cuestiona los argumentos económicos del gobierno de Digna Rivas, respecto a un supuesto déficit anual de 1,6 millones de euros derivado de un coste total de 2,5 millones. Para Javier Bas estas cifras “no son fiables” y denuncia que la alcaldesa atribuyó el incremento al nuevo canon de Sogama, cuando —según señala— dicho canon supondría apenas 300.000 euros adicionales para el Concello.
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100€ para muchas familias y hasta 2.600€ para comercios y locales de hostelería
Bas destacó que numerosos vecinos, autónomos y empresarios han trasladado su preocupación por el impacto de la tasa, que está suponiendo recibos de 100€ para muchas familias, en un contexto de inflación elevada, y cargas de entre 216 y 2.601€ para comercios y locales de hostelería, con incrementos medios que en muchos casos superan el 300%.
Para el ex alcalde, este aumento es “arbitrario” y penaliza incluso a establecimientos que apenas generan residuos, vulnerando el principio de “quien contamina, paga”.
El portavoz concluye advirtiendo de que la subida “daña a las economías domésticas y castiga al tejido económico local”, y califica la medida como “abiertamente anti-Redondela”.
