Hemos podido ver como está por dentro el edificio de los juzgados, en la calle Lalín, después de que casi todas sus dependencias se hayan trasladado ya a la Ciudad de la Justicia. Las dependencias, despachos, archivos y salas están abandonadas mientras no se sabe que pasará con el edificio.
A finales de 2022, la Xunta de Galicia, que se creía propietaria del inmueble, anunció que tenía un proyecto para el mismo, una vez que las sedes judiciales se trasladasen al antiguo Pirulí: transformarlo en un Centro de Asociacionismo. Para ello, se habilitarían hasta un centenar de espacios que se cederían a asociaciones de Vigo –hasta final de 2024, más de 70 colectivos solicitaron espacio en el mismo-; se crearía un auditrorio para 400 personas; una sala de exposiciones; 6 salas de reuniones; 5 de ensayo y 5 salas polivalentes.
Estaba planificado que el nuevo centro contase con mejoras en la envolvente térmica de la fachada; en el sistema de climatización; iluminación; cubierta y abastecimiento. También se facilitará la accesibilidad, e integración, en la zona mediante la retirada del aparcamiento exterior y la rebaja del terreno, para que quedase en continuidad con la planta baja.
Concurso de ideas, licitación y licencia de obras
Así que el mes de agosto pasado, el Consello da Xunta aprobó la licitación por 19,4 millones de euros del proyecto del arquitecto Alfonso Penela, ganador de concurso de ideas convocado para transformar el edificio. La previsión era que las obras – que tenían financiación del Fondo Europeo de Desenvolvimiento (FEDER Galicia 2021-2027)- empezasen en los primeros meses de este año 2025 y estuviesen terminadas, en el último trimestre de 2026. Desde noviembre de 2024, ya contaba con la licencia de obras, concedida por el departamento de Urbanismo del Concello de Vigo.
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Paralización
Sin embargo, a final de enero pasado, el mismo Concello paralizó esa licencia. ¿El motivo?, según explicó la concejala de Urbanismo, María José Caride porque, de acuerdo con el expediente -y así figura en el Registro de la Propiedad- el propietario del inmueble era el Concello de Vigo, no la Xunta de Galicia.
Caride, aseguraba entonces que la administración autonómica sabía que el edificio era propiedad municipal, porque así se lo hicieron constar desde el Registro, y recalcó que no se trataba de una anulación definitiva de la licencia sino temporal, para darle tiempo a la Xunta a acreditar que es dueña del inmueble.
Asimismo, la concejala de Urbanismo añadía que no era posible acometer las obras porque el Gobierno de España traspasó este edificio para que fuese Palacio de Justicia, de modo que, a la vista de que el mismo cambiará de uso, se suspendía la licencia de obra, a fin de que “no suponga un perjuicio para el interés público municipal”. En este punto, María José Caride apuntaba que si no se suspendiese la licencia podría haber “responsabilidades administrativas o legales” para el Concello.
Pagó el IBI
Ante esa decisión, el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, durante una visita a Vigo y en respuesta a preguntas de los periodistas, aseguró que el edificio y la parcela estaban a nombre de la Xunta y esgrimió como prueba de ello que en 2024 se pagaron 41.240€ al Ayuntamiento de Vigo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Calvo añadió que el Estado transfirió el edificio de los Juzgados de la rúa Lalín en propiedad y sin vinculación de destino y que el Real Decreto 2166/1994, del 4 de noviembre estableceque el Estado es el dueño del mismo.
A esta situación, comentó el conselleiro, se añade que se dio de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, sin que hubiese impedimiento alguno y, por ello, paso a figurar en el Catastro a nombre de la Xunta de Galicia, abonándose el recibo correspondiente el Concello de Vigo.
“No será para la Xunta“
Finalmente, el 10 de febrero, el alcalde zanjó la cuestión… por parte del Concello: “la Xunta no va a quitarle el edificio a la ciudad”. En una nota de audio enviada a los medios, Abel Caballero acusó al conselleiro de Xustiza, de comportarse como si el antiguo edificio de los juzgados perteneciese a la Xunta. “Nada de eso, el propiedad del Ayuntamiento”, recalcaba Caballero ilustrando la intención del Gobierno de Galicia con un ejemplo, “¿qué dirían mis vecinos si meto a asociaciones en sus pisos?”.
El alcalde insistió en que el Concello compró el suelo en su momento y lo cedió al Estado para construir en él los juzgados, pero ahora ya no hay juzgados allí, “y se lo quiere quedar la Xunta…pues no, la Xunta no va a quitárselo a la ciudad de Vigo”.
“Vamos a usarlo nosotros”, clamó Abel Caballero, adelantando que el inmueble se destinaría a dependencias municipales y a “abrirlo a toda la ciudad”, sin dar datos sobre si existía algún proyecto, el presupuesto del mismo o a que dependencias se refería.
La solución final está en manos de la justicia… tras un proceso que no parece que vaya a ser corto. Mientras tanto, los antiguos juzgados, que están a punto de cerrar definitivamente, una vez se trasladen las últimas dependencias, seguirán deteriorándose.
