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Un nuevo revés judicial para el Concello retrasa el proyecto de la Panificadora

El TSXG anula la reforma del PEPRI del Casco Vello en el ámbito del inmueble

Un nuevo revés judicial para el Concello retrasa el proyecto de la Panificadora

El proyecto para la recuperación de la Panificadora, no iba ‘viento en popa’, como declaró hace muy pocos días la concelleira de Urbanismo, María José Caride: al contrario, se enfrenta a un retraso más.


Ayer se supo que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el acuerdo que aprobó el Pleno del Concello de Vigo, en diciembre de 2020, por el que modificaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Casco Vello, en el ámbito de la Panificadora.

El alto tribunal indica que se incumplió el ‘principio de jerarquía normativa’ y que el Gobierno local tendría que haber llevado a cabo otra modificación: la del Plan Xeral en vigor, algo que no hizo.

No agota la vía judicial

El Tribunal Superior de Galicia indica que esta decisión no agota la vía judicial y puede interponerse recurso de casación, ante la misma sala que la ha dictado o ante el Tribunal Supremo, algo que el Gobierno local ya ha anunciado que hará

Reacción desde el Concello

Durante la rueda de prensa de este miércoles, al alcalde, que comentó varias sentencias favorables al Concello se ‘olvidó’ de mencionar esta, por eso la reacción de su Gobierno llegó en la tarde de ayer en una nota firmada por la responsable de Urbanismo.

Culpa a los propietarios

En la misma, María José Caride señala a algunos de los propietarios de la Panificadora, a los que el Tribunal Superior de Galicia da la razón, y asegura que «siempre pretendieron derribar ese enclave para construir torres residenciales».

Culpa a PP y BNG

También culpa a la oposición’ apuntando que «desde 1997 a 2007 los gobiernos de PP e del BNG planificaron el derribo de la Panificadora otorgando edificabilidad residencia a la propiedad».

Y culpa al Tribunal Superior de Galicia

La concejala apunta, también al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia afirmando que «esta sentencia, por tanto, desconoce y deja sin contenido la autonomía, potestad y competencia municipales reconocidas en la ley […]».

En este sentido, añade que «la sentencia equipara, sin causa legal que lo justifique, los sistemas generales y locales e impide cualquier modificación de los mismos que no se realice a través de la modificación del planteamiento general. De esta manera se cercena de forma grave, injustificada y sin amparo legal, la autonomía del Concello, atribuida por ley […]»

El Gobierno municipal y el alcalde lo hicieron todo bien

Pese a la sentencia en contra -que impone al Concello el pago de costas judiciales– la concejala insiste en que el Gobierno municipal y el alcalde lo hicieron todo bien.

María José Caride asegura que su intención era «preservar y rehabilitar este enclave», además de buscar la forma legal de «rehabilitar y poner a disposición de la ciudad este espacio, asignándole un uso dotacional».

Asimismo, subraya, que desde la llegada de Abel Caballero a la Alcaldía, en 2007, este Gobierno trabaja para impedir el derribo de la Panificadora, catalogándola «para protegerla, rehabilitarla y transformarla en un punto de encuentro y de prestación de servicios para la ciudadanía».

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