Varias entidades sociales han presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal y una queja al Defensor del Pueblo para que se investigue si varios videos elaborados y difundidos con motivo de la última campaña electoral por el partido ultraderechista Vox en sus páginas y redes oficiales pudieran incurrir en un delito de odio.
Las siete organizaciones que se han unido a esta iniciativa -Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), Red Acoge, Federación Sos Racismo, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Elín e Irídia- exigen «la retirada inmediata de los vídeos por poner en riesgo la convivencia y la cohesión social».
Mensajes xenófobos y racistas
Según las ONG denunciantes, «en estos vídeos se difunden mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante». En uno de estos mensajes filonazis «se criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar, generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada», añaden.
Detrás de los ataques a menores en los centros de acogida
Estas organizaciones especializadas en migraciones alertan de que «esa generalización puede conllevar graves consecuencias para estos menores, como han sido los últimos ataques a los centros donde están acogidos», además de dificultar su inclusión en la sociedad a través del acceso a un empleo o a una vivienda.
«Estos discursos provocan un miedo sin fundamento en la población poniendo en peligro la convivencia entre vecinos y vecinas», denuncian.
Vídeos que fomentan reacciones violentas
Las entidades inciden en que «este tipo de videos, que criminalizan a la población migrante, fomentan reacciones violentas idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo pudiendo incurrir en un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal».
Delito castigado con 4 años de cárcel
Ese artículo establece penas de uno a 4 años de prisión y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado.
