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El juez señala a Esperanza Aguirre como la cabeza de una trama que desvió 11 millones al PP, a campañas electorales y los bolsillos de sus dirigentes

Esperanza Aguirre durante una visita a Vigo

Esperanza Aguirre sería la cabeza de una trama que logró desviar, desde 2003 hasta 2014, al menos 11 millones de euros de dinero público a la caja del Partido Popular, a sufragar campañas electorales y a aumentar los ingresos de sus dirigentes.

Eso es lo que mantiene el juez Manuel García-Castellón, quien ha imputado a Aguirre, a su sucesora en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a decenas de responsables, altos cargos del gobierno madrileño y directivos de varias empresas, por lo que entiende que es un desfalco masivo que se alargó durante, al menos, una década.

Canal de Isabel II

El juez cita distintos desvíos de fondos a través de adjudicaciones de contratos públicos, entre los cuales señala el adjudicado por el Canal de Isabel II a la firma de publicidad Equmedia por un importe de 4,25 millones.

Ignacio González, entonces presidente del Canal de Isabel II-que acabaría sucediendo a Aguirrre al frente del Gobierno autonómico- pidió a la adjudicataria que asumiese el pago de parte de la deuda que mantenía la Comunidad con otros dos investigados de la sociedad EICO. «De esta forma, y de forma encubierta, serían los fondos públicos los que sufragarían parte de la deuda por los trabajos personales realizados por EICO a los dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid», dice el juez García-Castellón en el auto.

La ‘cláusula del 1%’

A través del ‘Plan de infraestructuras sanitarias 2004- 2007’, para financiar la construcción de hospitales y centros de salud, se obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad, «hasta un 1% del presupuesto de cada contrato como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del partido», llegando a desviarse más de 3 millones.

Transportes

Este ‘peaje’ del 1% también se aplicó al plan de construcción de nuevas carreteras, gestionado por la Consejería de Transportes. En este caso se hizo mediante un campaña publicitaria de “concienciación a los motoristas”.

Dice el juez que ello “provocaba que las empresas licitadoras presentasen unas ofertas más elevadas, al tener que contemplar el coste de dicha publicidad, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas».

Fundación para el Desarrollo Económico y Social

La Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), dirigida por la propia Esperanza Aguirre durante 6 años (de 2004 y 2010), también intervino en el desvío de dinero público.

El juez señala, literalmente, que el desvío de fondos públicos se realizaba “a través de las subvenciones concedidas por la Comunidad a Fundescam», por importes que superaron los 500.000€ durante los años en 2007, 2008 y 2011. «Todos ellos se sirvieron de la circunstancia de que Fundescam era una fundación adscrita al partido y por tanto gestionada desde el mismo, bajo la supervisión de sus máximos dirigentes».

Esperanza Aguirre controlaba todo

Para el juez Esperanza Aguirre era quien ejercía la «la supervisión y el control» de todas estas operaciones, que se habrían realizado desde la Vicepresidencia del Gobierno regional, ocupada, sucesivamente, por Ignacio González y Francisco Granados.

El juez García-Castellón  dice que «Aguirre se habría apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones», imputándolas a las partidas de comunicación y publicidad.

El magistrado no se queda ahí e indica, sobre Aguirre, que la investigación “arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid».

72 imputados

Manuel García-Castellón imputa en esta nueva pieza de la ‘Operación Púnica’ a 30 personas que se añaden a las otras 42 ya citadas como investigadas-entre ellas  el también ex presidente de la Comunidad, Ignacio González y el ex consejero de Presidencia Francisco Granados-.

Todos ellos deberán responder, además de  por falsedad documental, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de influencias, revelación de informaciones privilegiadas, delito continuado de apropiación indebida y organización criminal, por los delitos de desvío de dinero público, financiación ilícita y falsedad electoral.

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