De un delito de Rebelión– según el Código Penal quienes se “alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes (5º) Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”– es de lo que acusa la Fiscalía para el ex vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, para el que pide 25 años de cárcel, solicita 16 años de prisión e inhabilitación para el ex conseller de Interior Joaquim Forn, y los otros cuatro ex consellers en prisión provisional: Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.
El ministerio público acusa igualmente de Rebelión al ex líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y pide para ellos 17 años de cárcel e inhabilitación.
La Fiscal General del Estado, que depende orgánicamente del Gobierno, no ha hecho gestión o gesto alguno, como había reclamado al presidente Pedro Sánchez el diputado de Esquerra Republicana (ERC), Joán Tardá, quien instó al Ejecutivo a retirar las acusaciones contra los presos y que había advertido, en relación con este tema y vinculándolo a los Presupuestos para 2019, “no nos sentaremos en ninguna mesa de negociación si el Gobierno no hace un movimiento de categoría en lo que es inaudito en democracia: que hombres y mujeres que no han cometido ningún delito estén en prisión”.
