La Audiencia Nacional ha decidido, por segunda vez, que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, imputado en el ‘Caso Lezo’ de corrupción, siga en la cárcel porque maneja una “ingente cantidad de fondos de origen delictivo” y a medida que avanza la investigación se van afianzando las pruebas contra él.
En un auto, la Sala de lo Penal rechaza un recurso presentado por la defensa de González pidiendo su libertad, al entender que se está produciendo una “progresiva cristalización de los diferentes indicios de criminalidad” contra él como consecuencia de las diligencias que se están llevando a cabo y el riesgo de fuga sigue siendo patente.
La defensa de González, en la prisión de Soto del Real desde el pasado 21 de abril, alegó sufrir un “problema serio de incertidumbre y zozobra” porque no sabe el tiempo que le queda en la cárcel y pidió que se le sustituyera la pena por una de arresto domiciliario.
La Fiscalía consideró “insólita” esta propuesta y se manifestó en contra del recurso, una petición que hoy rechaza el tribunal ya que no se dan “los supuestos necesarios” para esta medida al no haberse acreditado su enfermedad, “más allá del propio deterioro físico y psíquico que cualquier ingreso en un centro penitenciario puede conllevar”.
Su situación, insisten los jueces, no vulnera los derechos a la salud y a la integridad moral, que están, recuerdan, “debidamente protegidos en nuestra legislación penitenciaria”.
Esta es la segunda vez que la Sala de lo Penal rechaza la libertad de González, como recuerdan los jueces, que destacan que desde que en abril se recurrió la prisión por primera vez ha transcurrido poco tiempo y “difícilmente pueden haber variado las circunstancias”.
No solo se mantienen las sospechas contra él, sino que se han reforzado con las diligencias practicadas y confluyen en el ex presidente madrileño “una pluralidad de conductas delictivas graves y reiteradas” de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, fraude, prevaricación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, blanqueo y delito fiscal.
Estos delitos, resumen los jueces, responderían a la actuación de González en la financiación irregular del PP de Madrid, la adjudicación del tren de Navalcarnero, la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por Sudamérica y la adjudicación fraudulenta y posterior explotación de la empresa Gold Canal.
