El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y, por tanto, nulas, las tasas judiciales aprobadas en noviembre de 2012 e impulsadas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
Esta sentencia estima así parcialmente el recurso presentado por el PSOE y tira abajo una normativa que fue rechazada desde el primer momento por profesionales, sindicatos y consumidores.
Tras la marcha de Gallardón y después de un informe crítico del Defensor del Pueblo, la normativa sufrió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías o eliminarlas directamente en trámites como separaciones o divorcios de mutuo acuerdo y, más tarde, el actual ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, eliminó por Real Decreto las tasas judiciales para personas físicas.
