El 17 y 18 de julio de 1936 una parte del ejército español apoyado por diversas fuerzas políticas dio un golpe de Estado contra el gobierno de la República y, al triunfar sólo en una parte de España, dio comienzo a una Guerra Civil que terminó el 1 de abril de 1939, y que causó más de 300.000 muertos, 50.000 de ellos en la dictadura que se estableció tras la victoria de los golpistas -apoyados por las dictaduras fascista de Italia, encabezada por Benito Musolini, y nazi de Alemania, dirigida por Adolf Hitler, que fueron aliados de los sublevados- y 114 000 desaparecidos, que han hecho de España el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.
La acción que dio comienzo a la sublevación sucedió hace ochenta años, el 17 de julio de 1936, cuando los oficiales de la guarnición de Melilla comunicaron el momento de la sublevación.
El golpe de Estado se había estado preparando durante meses por altos mandos del ejército, como los generales Gonzalo Queipo de Llano, Emilio Mola, José Sanjurjo, y elementos civiles, que la aceleraron tras el triunfo electoral de la coalición de izquierdas del Frente Popular el 16 de febrero de 1936.
Con el alzamiento militar en Melilla el 17 de julio, una parte del Ejército, a cuyo frente se situó el general Francisco Franco desde África y contando con el apoyo de varias plazas militares, se sublevó contra el gobierno de la República.
La sublevación triunfó en Galicia, Navarra y Castilla-León y ciudades como Oviedo, Granada o Zaragoza, apoyada por los monárquicos tradicionalistas, la Falange, y amplios sectores de las derechas.
La rebelión fracasó, en cambio, en Madrid, Cataluña, Levante, Castilla-La Mancha, Murcia, y en la zona oriental de Andalucía. Tampoco triunfó en el resto de Asturias, Cantabria y parte del País Vasco, donde el nacionalismo vasco acabó apoyando a la República.
En las grandes ciudades, los sublevados fueron derrotados por las fuerzas militares leales al gobierno constitucional y las milicias de los partidos de izquierda y anarquistas.
Los fracasos más notorios de las tropas golpistas tuvieron lugar en Madrid, donde a las fuerzas regulares se sumaron las milicias obreras que fueron armadas, y en Barcelona, donde una peculiar colaboración de la Guardia Civil, la anarquista CNT y la Guardia de Asalto (policía nacional republicana) vencieron a los sublevados.
El triunfo parcial de los “nacionales” en el país condujo entonces a la división de España en dos zonas y consecuentemente, al comienzo de la Guerra Civil.
La dictadura y represión de Franco
Acabada la guerra, con el triunfo de los sublevados, los vencedores iniciaron otra etapa de represión cuya finalidad fue atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen. En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual, no solo aquellos que habían colaborado con el gobierno legal de la República podían ser condenados, sino también aquellos que supuestamente hubieran mostrado una “pasividad grave”
En la geografía española surgieron numerosos campos de concentración donde se hacinaban los detenidos viviendo en condiciones durísimas, sometidos a malos tratos y muertes arbitrarias. La primera represión la ejercieron las milicias falangistas que se presentaban en estos campos y se llevaban a aquellos a los que consideraban debían darles el “paseo”.
Antes de terminar la guerra ya funcionaba el campo de concentración de Castuera que se construyó una vez caída en manos del ejército franquista la comarca de La Serena. En el campo de concentración de Albatera fueron ingresados muchos republicanos que no pudieron exiliarse desde Alicante en los últimos momentos de la contienda. A finales de 1940 estos campos ya habían sido desmantelados en su mayoría y los presos pasaron a diferentes cárceles en las que las condiciones no eran mucho mejores. No obstante, los campos de concentración siguieron existiendo hasta 1947, año en que se cierra el último, el campo de concentración de Miranda de Ebro.
La primera depuración la sufrió el sistema judicial, el franquismo tuvo especial cuidado en que los tribunales estuviesen compuestos por elementos afines. Estaban compuestos principalmente por militares, el defensor era otro militar al que no se le pedía una formación jurídica y debía subordinación al presidente del tribunal, también militar. Estos tribunales se encargaron de juzgar a aquellos que, como en un mundo al revés, eran acusados de promover o apoyar la insurrección. Los juicios duraban breves minutos, en ocasiones se juzgaban a grupos de sesenta personas las que podían o no ser escuchadas. Otro sector especialmente castigado fue el de la enseñanza. Se continuó con la represión iniciada con la sublevación militar. “Además de los asesinatos, con formación de causa o sin ella, durante el proceso de depuración resultaron sancionados en torno a dieciséis mil maestros y maestras, alrededor del 25% del cuerpo. Casi el 10% fueron expulsados del ejercicio de la profesión”.
En 1939, el número de detenidos esperando juicio superaba los 270.000. Ramón Salas, en los años 1970, daba la cifra de 30.000 ejecuciones dictadas por estos tribunales. En la actualidad se calcula en unas 50.000 las personas que fueron ejecutadas. A esta cifra habría que sumar todas aquellas muertes que se produjeron en las cárceles como consecuencia de las pésimas condiciones en las que intentaban sobrevivir los presos.
Otra forma de represión fue la administrativa y la económica. El franquismo, en su afán de combatir al “enemigo interior”, depuró todos los organismos oficiales (siendo maestros y catedráticos sospechosos, puso especial atención en la depuración de la enseñanza) y la economía se montó favoreciendo a los adeptos al Régimen, excluyendo de ella a todo sospechoso de desafección.
En todas las ciudades y pueblos, la autoridad civil y religiosa- tras el apoyo incondicional de la Iglesia Católica a los golpistas y a sus métodos de represión y asesinatos a sangre fría- esta última encarnada por el párroco, emitían informes que, en el caso de ser negativos, conllevaban sanciones de todo tipo.
Se impusieron sanciones no sólo a los condenados sino también a familias completas y determinadas regiones y provincias fueron castigadas por haber permanecido fieles a la República o ser consideradas izquierdistas. La represión no sólo alcanzó a aquellos que se habían opuesto al Régimen sino que se extendió a aquellos a los que se les consideró discrepantes.
Especial fue la dedicación a la represión de la mujer del bando vencido. “Las sanciones que se ejecutaban sobre las “mujeres rojas” actuaba sobre la imagen de la mujer”, se les rapaba el pelo al cero, se les suministraba aceite de ricino para provocar la posterior mofa por sus efectos, o se las obligaba a barrer las iglesias y las casas de los dirigentes fascistas.
La derecha se opone al reconocimiento de los asesinados por el dictador
El franquismo, desde un primer momento, se preocupó de dar el debido reconocimiento a las víctimas de la represión en la zona republicana. Estas víctimas fueron identificadas y sus cuerpos exhumados para proporcionales una sepultura digna.
Contrariamente, las víctimas de la represión franquista,que sí se habían mantenido leales al gobierno democrático de la República, fueron, en el mejor de los casos, ignoradas, cuando no denigradas. Muchas de estas víctimas se encuentran enterradas en fosas comunes dispersas por la geografía española; sus muertes, en muchos casos ni siquiera figuran en los registros civiles. Superado el franquismo e instaurada la democracia, por las particularidades de la Transición, tuvieron que pasar varias décadas para que aflorara a la opinión pública la reivindicación de su memoria.
A finales de los años 90, pasados 15 años desde que se instaurase la democracia sin que ninguna institución pública se hubiera preocupado de promover una investigación general sobre estas víctimas, familiares de represaliados comenzaron a reivindicar de forma organizada la localización y exhumación de los cuerpos de sus allegados para proporcionarles una sepultura digna. Estos esfuerzos se han visto acompañados por la labor de historiadores interesados en llegar al conocimiento de la verdadera magnitud, y otros extremos, de la tragedia.
Estas familias, agrupadas en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, desde el año 2000 han promovido la apertura de las fosas comunes y en septiembre de 2008 el número de cuerpos exhumados era de 2.317.50
El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular (PP) que el año 2006 fuese declarado año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el Gobierno de Rodríguez Zapatero presentó el proyecto de la Ley de Memoria Histórica de España con el fin de reconocer, amplían derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El PP se opuso a este proyecto alegando que ya se habían adoptado “numerosas iniciativas a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura” y que el PSOE con la propuesta de esta ley, se estaba traicionando a sí mismo al haber roto la “reconciliación” pactada en la Transición, acusándolo de “hipocresía”, “disfrazando de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia”. Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida presentaron otros proyectos alternativos por considerarlo insuficiente.El Congreso de los Diputados aprobó la ley el 31 de octubre de 2007.
