Dos altos cargos del Servicio Galego de Saúde han sido llamados a declarar como investigados por un supuesto delito de prevaricación administrativa por el retraso en el suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de ellos fallecidos sin haber recibido el tratamiento. Es la primera causa judicial en España contra una administración pública por retrasar tratamientos y la Fiscalía les podría atribuir delitos de imprudencia grave profesional.
Aunque los afectados habían retirado las demandas, el caso parte de una denuncia en Santiago del colectivo Batas Blancas hace ya un año en la que vinculaba la muerte de varios pacientes por las trabas burocráticas del Sergas para dar la medicación, un retraso que en algunos casos superó los ocho meses.
Aunque todo apunta a que los citados a declarar el próximo 28 de abril será el actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C ha pedido responsabilidades políticas y penales a todo el Ejecutivo gallego, especialmente a Rocío Mosquera, conselleira de Sanidad en ese momento. Por su parte, el actual conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, ha defendido que el Sergas procedió utilizando criterios clínicos y no presupuestarios a la hora de atender a los pacientes y ha respaldado la actuación de la administración.
