En la consulta catalana del 9 de noviembre, el magistrado Gonzalo de Dios, que efectúa en esta jornada las funciones de guardia en Barcelona, ha decidido rechazar la petición solicitada por UPyD, presentada esta mañana, y de la Plataforma per Catalunya, que pedían detener el proceso de votación, retirar las urnas, y cerrar los centros de consulta.
El acto de la participación ciudadana en sí, no se considera delito, apunta el auto. El juez considera que se trata de una medida “desproporcionada” y además no existen “razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen” esas decisiones.
En la resolución se ordena llevar a cabo una investigación para analizar si los responsables de carácter político han cometido algún delito. El magistrado indica que los políticos denunciados: el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la consejera de Educación, Irene Rigau; y el consejero de Interior, Ramon Espadaler, disponen de un “fuero especial” por ser diputados, y pasarían a ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
