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La juez Alaya acusa a la Junta de Andalucía de haber dado 950 millones para cursos, sin justificarlos

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, considera que la Junta habría concedido 950 millones de euros- para los nostálgicos, unos 150.000 millones de las desaparecidas pesetas-  en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011.

La juez Alaya hace dicha afirmación en el auto por el que imputa en la causa al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y lo cita a declarar el próximo día 16 de octubre por dos presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los ex trabajadores de la empresa Delphi.

En el auto, dictado el pasado 16 de julio, la instructora señala que la investigación se encuentra «en su estado inicial «, pero dice que a la vista del informe remitido por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativo a Delphi, existen «claros indicios de la comisión de hechos delictivos cometidos presuntamente» por el imputado en su condición de consejero de Empleo en el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010.

La magistrada cita hasta cinco «hechos indiciarios» contra Fernández, el primero de ellos «por haber concedido con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones a la formación y contratación» a la multinacional Delphi «sin convocatoria ni bases reguladoras, en contra de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, específicamente para ofertas públicas formativas».

Asimismo, la juez imputa al ex consejero socialista «por haber permitido en los expedientes de subvenciones la subcontratación de actividades formativas objeto de las mismas, sin estar autorizada dicha subcontratación», y por «haber concedido becas por asistencia a cursos por encima del máximo legalmente permitido”.

También le imputa por «haber otorgado subvenciones a empresas para la realización de acciones formativas en alternancia con el empleo por importe de 70 millones de euros, con la intención de que los ex trabajadores de Delphi pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación».

 

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