El Gobierno ha reconocido lo que todo el mundo sabía: una caída del nivel de litigiosidad en los tribunales, «especialmente significativa» en los pleitos contra la Administración, durante el año 2013 y cree que la coyuntura económica y reformas, como la ley de tasas, son circunstancias a tener en cuenta a la hora de valorar este descenso.
Así lo recoge en una respuesta parlamentaria a la diputada del PSOE Laura Seara, que quiso saber cómo ha afectado la ley de tasas judiciales a la actividad de los juzgados españoles.
El Ejecutivo reconoce que «se viene apreciando un descenso en los índices de litigiosidad, que parece especialmente significativo en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo», si bien, precisa, «se venía produciendo ya desde finales del año 2011″.
Eso sí, el Gobierno echa mano –también en esto- de la ‘herencia recibida’ y aclara que las reformas legales anteriores a 2011 han incidido también en la variación del número de recursos presentados en la vía de lo Contencioso. Cita la Ley de Medidas de Agilización Procesal aprobada aquel año y que modificó el criterio de costas, «lo que ha podido provocar que ya a lo largo de 2012 se produjera una caída de la litigiosidad».
