Este martes entra en vigor la reforma local que obliga a las Comunidades Autónomas a asumir, antes de 2019 los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, al final de 2015, los servicios sociales.
Se trata de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local- la popular ‘reforma local’- publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y pone en marcha los mecanismos para que esos servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la competencia general en la materia.
El Gobierno asegura que es la “manera de evitar duplicidades y de que los municipios se dediquen a sus competencias básicas”, pero la oposición intuye que muchos de esos servicios se perderán por el camino o pasarán a manos privadas con coste para los usuarios.
Desde ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de la protección de la salubridad pública y de lo relacionado con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado por las autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades deberán asumir un 20% anual de la gestión.
En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años. Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social.
Sin embargo, en ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación.
