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Nacional

Ruz mandó a la Policía a la sede del PP porque cree que hay una contabilidad oficial ficticia

Los policías que envió este jueves, pasadas las 8 y media de la tarde, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a la sede del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, no solo buscaban documentación relacionada con las obras de reforma que llevó a cabo entre 2005 y 2011, sino también todos los «elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables» que se atribuyen a la supuesta caja B del ex tesorero Luis Bárcenas.

Así consta en el auto de requerimiento judicial en el que ordena a los responsables populares «la entrega de la totalidad de la documentación de cualquier género que obrara en los departamentos de Tesorería, Gerencia, Contabilidad, Caja y Auditoría Interna relacionada con las obras llevadas a cabo por Unifica, así como la información adicional en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos».

El juez Ruz también solicitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se hicieran con los elementos documentales que podrían estar relacionados con la imputación por un delito fiscal de los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y del ex gerente Cristóbal Páez.

El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y dos miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), uno de ellos experto en informática, buscaban obtener facturas sobre las obras de reforma que realizó entre 2005 y 2011, que fueron solicitadas por el juez y no se aportaron a la causa dado que Ruz sospecha que 888.000 €, podrían haberse pagado con dinero negro.

Según fuentes de la investigación, los agentes han escaneado documentación y accedido a varios ordenadores situados en la planta sexta del edificio, donde están gerencia, tesorería e informática.

Y es que, como indica en el auto, aprecia indicios de que la tesorería y la gerencia del PP y la empresa que llevó a cabo las reformas de la principal sede del partido entre 2005 y 2011 emprendieron «una acción coordinada» durante el periodo investigado para «generar» documentos con el objetivo de certificar y facturar algunas de estas reformas.

Todo ello, según Ruz, para «dar cobertura a una facturación oficial ficticia que sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra prestación de factura», pero también hay indicios de que el resto de los trabajos se abonaron con «fondos ajenos que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas de los denominados papeles de Bárcenas».

 

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