Así se establece en el proyecto de Ley de Seguridad Privada –aprobado este martes por el Congreso- y que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública.
Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la ley, con la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto ha recibido el voto a favor de PNV y CiU, además del Partido Popular, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante “ruptura” de la concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.
Sus portavoces han recalcado que, con la nueva enmienda, la ley permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.
Los opositores a la ley han recalcado que se acaba con la diferencia entre seguridad pública y privada, se abre el camino a la privatización de la misma, se rompe una tendencia en esta materia que se aplica a nivel mundial y se da un poder desmedido a las empresas de seguridad.
