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Hacienda cesó a una inspectora por pretender aplicar la ley y que Cemex pagase 450 millones de multa por, presunta, una irregularidad fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, no dijeron la verdad cuando declararon que una inspectora y el jefe de la División de Grandes Contribuyentes, Ignacio Ucelay, habían sido cesados de sus puestos durante una ‘remodelación de equipos’ en la Agencia Tributaria.

La realidad es que fue el responsable de este departamento- el de grandes clientes- Ignacio Huidobro, quien los cesó por el conocido ‘caso Cemex’. Huidobro- según informa este lunes la Cadena Ser– aseguró que la inspectora había desobedecido al no consultarle antes de cerrar el expediente Cemex, algo inusual en la tramitación diaria de los mismos.

Según señalan fuentes de Hacienda, la intención de Huidobro era aplicar a Cemex un criterio distinto que habría permitido rebajar de 450 a 15 millones la sanción que se habría impuesto a dicha empresa.

Hay que recordar que, según publicaron los diarios Expansión y El País, Hacienda abrió expediente a la cementera por la aplicación de unos créditos fiscales por bases negativas en el impuesto de sociedades de entre 2.000 y 3.000 millones o, lo que es lo mismo, por simular supuestamente pérdidas para disminuir los tributos a pagar, lo cual implicaría –de acuerdo con las fuentes consultadas en su día por el diario El Mundo– una sanción de 450 millones, puesto que la Ley General Tributaria permite aplicar una multa del 15% por los beneficios en supuestos de fraude de ley.

Al ministro y al director de la Agencia, no debió de gustarles que la inspectora rechazase el recurso de reposición -en contra de presuntas instrucciones dadas por esta Delegación Central de Grandes Contribuyentes- y es que, según el criterio de esta inspectora, la empresa había presentado las mismas alegaciones que previamente había girado en la tramitación del expediente y sobre las que esta Oficina había decidido realizar el acto de liquidación y la sanción correspondiente. Además, no es habitual que una empresa, a la que se le ha informado ya de la liquidación con sanción, presente un recurso de reposición ante los mismos órganos que han resuelto sobre la primera acta de disconformidad y, sobre todo, reiterando los mismo argumentos en las alegaciones- salvo que se espere un cambio en la decisión en la admisión del recurso-, lo más frecuente es que ese tipo de recursos se presente directamente al Tribunal Económico Administrativo antes de ir a la vía ordinaria si no prosperan.

Pero, la realidad, es que no es la primera vez que el Gobierno destituye a inspectores de Hacienda. Hace meses, cesó a seis máximos cargos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), entre ellos el jefe de investigación Víctor de la Morena, encargado de los casos de mayor relevancia. Entonces, numerosos inspectores lo entendieron como una injerencia política en las unidades más delicadas de la Agencia Tributaria y señalaron que dichos ceses se realizaron por indicación de Pilar Valiente, recientemente nombrada jefa adjunta de la ONIF. ¿Quién es Pilar Valiente?, bien, pues una antigua presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores – en época de los gobiernos Aznar- que se vio obligada a dimitir por su actuación en el ‘caso Gescartera’, tras conocerse que había tratado de favorecer a los principales implicados.

 

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