El presidente del sindicato de inspectores de Hacienda Gestha ha recalcado, este martes, durante su intervención en la Jornada Parlamentaria sobre Fiscalidad, que se celebra en el Congreso de los Diputados, que los intereses de la deuda del próximo año podrían pagarse simplemente si se igualara la recaudación derivada de la lucha contra el fraude en España con la media de los países de la UE.
Carlos Cruzado, que ha repetido que el 70% de los casos de evasión los cometen grandes empresas y patrimonios, reiteró que la economía sumergida y el fraude fiscal en España se sitúa entre el 20% y el 25% de la economía, lo que “equivale a más del 20% del PIB“ y supone una diferencia con los países de nuestro entorno de entre diez y catorce puntos superior.
Según el último informe que publicó el sindicato de inspectores con datos de 2009, la economía sumergida entonces se estimaba equivalente al 23,3% del PIB, lo que supone que 240.000 millones de euros se escapaban del control público y que se dejan de recaudar 88.000 millones, entre tributación (55.000 millones) y cuotas de la Seguridad Social (29.000 millones).
“Superamos en más de diez puntos la media de los países de nuestro entorno. Esto supone que, sólo con ponernos al nivel de recaudación por lucha contra el fraude de nuestros vecinos podríamos recaudar 38.500 millones de euros, cifra equivalente al pago de intereses de la deuda de este año. Podríamos haber pagado esos intereses no acabando con el fraude, sino sólo con habernos puesto al nivel de nuestros vecinos”, ha insistido.
Hay que recordar que el ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro – que desde que está en su puesto no ha acertado ni una sola de sus previsiones relacionadas con la deuda, el déficit y el gasto público, que abanderó la cruzada contra la subida del IVA y aprobó su aumento y que anunció una bajada de impuestos para convertirse en el ministro que más impuestos ha creado y subido en la historia de la democracia – contará, desde el año que viene,con 612 personas menos y una reducción de 7 millones de euros en el presupuesto para luchar contra el fraude fiscal.
