La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Junta de Andalucía contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputaba a 20 cargos y ex cargos de la Administración autonómica, entre ellos la ex consejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, ex ministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
El tribunal indica que “no está en discusión la legitimación de la Junta como acusación particular”, aunque “otra cosa es que se dote a sí misma” de una ‘especial posición de garante del proceso’, como subraya la Administración autonómica en su recurso.
“No es el caso de la Junta, que no es parte institucional ni necesaria en el proceso penal como lo es el Ministerio Público, sino que interviene como una acusación particular más que, legítimamente, podrá defender sus intereses particulares, pero que no puede arrogarse potestades o facultades en el seno del proceso penal que no le corresponden”, concluye el escrito.
