Serán delitos permanentes y así lo ha decidido el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ha hecho llegar a todos los fiscales una circular en la que les autoriza a realizar pruebas de ADN y exhumaciones de restos de recién nacidos sin la autorización judicial, algo que era necesario hasta la fecha.
Su decisión se traduce en que estos delitos de bebés robados durante la dictadura de Franco y hasta la década de los 90 no prescribirán y serán considerados de detención ilegal.
La noticia ha sido bien acogida por parte de las asociaciones de niños robados porque, a partir de ahora, el delito cometido será permanente en el tiempo, en concreto, hasta que la víctima conozca su verdadera identidad.
La principal novedad de la instrucción del fiscal general, es que aumentan las competencias para combatir estas prácticas delictivas que se produjeron en diferentes hospitales de la geografía española.
Se trata, según Torres Dulce, de dar la máxima protección posible a las víctimas” y “ofrecer una respuesta común que permita investigar el más amplio número de casos, aun los más remotos en el tiempo”.
Asimismo, el fiscal general del Estado aconseja a a los fiscales españoles que tramiten cada una de las denuncias de casos de niños robados de manera individual, incoando diligencias por cada caso denunciado, y no de manera conjunta.
