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La UE manda los 36.968 millones para ayudar a los bancos españoles, este miércoles

España recibirá los fondos para la recapitalización del sector financiero español procedentes de la Unión Europea, este miércoles, día 12 de diciembre. Para  ello el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ha emitido 39.468 millones de euros en deuda, con vencimientos que ven desde los 2 meses a los 3 años, para financiar el programa de rescate de la banca española. En concreto, se han emitido cinco series de deuda, incluyendo 2.500 millones en letras a 2 meses y otros 6.468 millones en letras a 10 meses, así como 6.500 millones a 18 meses y otros 24.000 millones repartidos por igual en sendas emisiones a 2 y 3 años.

Hace seis días finalizó el  procedimiento para la recepción de los fondos con la solicitud formal de 36.968 millones de euros para BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia, así como los 2.500 millones de euros destinados a la aportación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).

De los 36.968 millones de euros, BFA-Bankia recibirá una inyección de 17.960 millones de euros; Catalunya Banc, 9.080 millones; NCG Banco, 5.425 millones, y Banco de Valencia, 4.500 millones…eso sí, ni esta ayuda no sale gratis y el Gobierno español firmó un Memorando de Entendimiento con una serie de compromisos que se están cumpliendo de acuerdo con el calendario previsto. Entre ellos están la presentación de los planes de reestructuración por parte de las entidades financieras, y para acceder a estos fondos, Bruselas ha impuesto a las entidades nacionalizadas la obligación de reducir su tamaño en un 60% hasta 2017.Además de ello, deberán centrar su modelo empresarial en préstamos al por menor y préstamos a las pequeñas y medianas empresas en sus regiones históricas, tendrán que abandonar las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias, y, lo peor, harán recaer parte del peso de esa ‘reestructuración’ en  los accionistas y titulares de preferentes y deuda subordinada, quienes deberán asumir una quita que reducirá la ayuda estatal en 10.000 millones de euros.

 

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