El Pleno del Congreso decidirá el martes si aprueba una proposición de ley de Convergencia i Unió (CiU) para modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) con el fin de que las comunidades autónomas no tengan obligación de prestar gratuitamente los servicios de transporte, comedor e internado escolar para los alumnos de zonas rurales que deben desplazarse a otro municipio para ir al colegio.
Hasta ahora, la ley establece que, en las zonas rurales, se puede escolarizar a los niños de enseñanza básica en un municipio próximo al de su residencia y se obliga a las propias administraciones educativas, las comunidades autónomas, a prestar de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.
Los nacionalistas catalanes plantean esa disposición no tenga carácter básico para así posibilitar que sean las propias comunidades autónomas las que decidan si quieren seguir prestando esos servicios escolares de forma gratuita con carácter general, o bien buscar otras fórmulas.
Para CiU, deberían tenerse en cuenta una serie de factores a la hora de decidir estas ayudas, como puede ser la renta familiar, la distancia entre el domicilio de residencia y el centro educativo, así como la existencia o no de comunicaciones ordinarias. Su portavoz ha indicado que, ahora, para la concesión de estas ayudas, independientemente de los recursos económicos con los que cuenta el núcleo familiar, sólo se valora si el alumno en cuestión se ve obligado a desplazarse a un municipio distinto del que vive para ir a la escuela, o la carencia de transporte público y comunicaciones.
A su juicio, sería conveniente en esta época de crisis valorar la renta familiar a la hora de repartir dichas ayudas. “El criterio de justicia social pasa por introducir criterios de renta”, ha afirmado el parlamentario catalán, que considera que para el transporte y el comedor, el criterio “más adecuado” es el nivel de renta y la distancia.
