Para ello, tomaría como referencia, no el ‘coste de la vida’ de noviembre (el Índice de Precios al Consumo de ese mes), como indica la ley, sino otro parámetro, el ‘IPC a impuestos constantes’, que no computa el aumento de los precios por el incremento del IVA. La noticia, adelantada este viernes por la Cadena Ser, no ha sido desmentida por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, quien lejos de negarla ha indicado que ha asegurado que será en noviembre cuando se tome una decisión respecto a la actualización de las pensiones de acuerdo a la subida de los precios.
¿Qué significaría esto? Si tenemos en cuenta que ‘el coste de la vida’ se disparó el mes pasado por la subida del IVA del 21 al 23%, desde septiembre de 2011 los precios habrían subido, realmente, un 3,4%, lo cual, pero aplicando este indicador, el ‘IPC a precios constantes’, el incremento de la inflación habría sido del 1,4%, un 2% menos de la realidad.
Este dato ha sido publicado, hoy, por primera vez por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de acuerdo con la decisión, anunciada por el ministro De Guindos hace varios días. Pese a que entonces el responsable de Economía negó rotundamente que dicho dato fuese la próxima referencia para la compensación, obligatoria, de las pensiones, el panorama ha cambiado, y su secretario de Estado, no ha descartado esta posibilidad.
Si finalmente fuese así, los pensionistas no verían incrementada su pensión de acuerdo con el aumento real de los precios, por ejemplo, si estos subieran un 3%, las pensiones tendrían que revalorizarse en enero un 2%, (que es lo que habría que sumarle a la subida del 1% anunciada por el Gobierno), sino que si el ‘IPC a impuestos constantes’ señalase que un incremento del 1,4%, la compensación a inicios de 2013 sería solo del 0,4% (una vez aplicada la subida del 1% que ha indicado el Gobierno).
Ello supondría que los pensionistas españoles tendrían que repartirse 400 millones de euros y no 2.400 millones que sería, de verdad, lo que costaría asumir el incremento de los precios, lo que significaría que los jubilados perderían casi un 2% de poder adquisitivo o, lo que es lo mismo, verían disminuidas sus pensiones.
