Hace unas semanas el secretario de Estado de Seguridad, que se llama Ignacio Ulloa, aseguraba, en relación con la retirada de la escolta al juez Garzón que “los escoltas no son ni para que te lleven la maleta ni para que vayan en transporte público”, y advertía de que si el ex juez incumplía sus compromisos como protegido, habría “que hacer una reevaluación y plantear si se le puede privar de la escolta como consecuencia de un mal uso”, ahora el Gobierno, contestando el Congreso a una pregunta de la oposición indica que no hay nada de eso, sino que se ha reducido la escolta a Garzón porque “el recorte en la cobertura de seguridad en el sector judicial ha ascendido a casi un 90%, permitiendo recuperar esos agentes para otras labores policiales”.
Nada que ver con lo que decía el secretario de Estado, quien, entonces recalcaba que Garzón tenía un único guardaespaldas, no por que los terroristas, “como él piensa pudieran atentar contra su seguridad, sino porque sigue siendo una persona que podría tener un riesgo aunque sea mínimo, con respecto a la ciudadanía”.
Por supuesto, lo que no decía Ignacio Ulloa es que tras serle retirado el coche oficial, Garzón debía de usar su coche lo que obligaba a sus escoltas a ir en el trasporte público llevando sus propios útiles de trabajo, que es algo muy distinto de un incumplimiento de “sus compromisos como protegido”.
