La ley de la reforma laboral entra en vigor mañana después de su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La ley, aprobada por Real Decreto, el 10 de febrero, y modificada en el Congreso de los Diputados y el Senado, establece una indemnización de 33 días por despido improcedente en el caso de los contratos indefinidos por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario.
Las empresas podrán acogerse a despidos objetivos por causas económicas, los famosos 20 días de indemnización, cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución de su nivel de ingresos o ventas durante 9 meses consecutivos.
La reforma recupera, desde el 1 de enero de 2013, el límite al encadenamiento de contratos temporales y elimina la autorización laboral administrativa , necesaria para los despidos que se requería en los despidos colectivos y, todo ello, para “fomentar la contratación indefinida de jóvenes y de parados de larga duración”. Pare ello, según destacó el Gobierno cuando se aprobó, establece bonificaciones de hasta 4.500 euros, regula por primera vez el teletrabajo, facilita el descuelgue de los convenios y la modificación de las condiciones laborales, y modifica el contrato estable a tiempo parcial y el de formación y aprendizaje.
La aprobación de esta reforma fue uno de los motivos de la Huelga General del pasado 29 de marzo y de numerosas concentraciones, movilizaciones y manifestaciones, convocadas por distintos colectivos, centrales, organizaciones y sindicatos quienes creen que, “lejos de facilitar la contratación, facilita el despido, precariza el mercado laboral, condena a los jóvenes, un colectivo donde el paro es del 50%, a no poder acceder al mercado de trabajo y pone este en manos de los empresarios que podrán disponer de mano de obra cualificada y preparada por cuatro duros”.
