El representante de los trabajadores del Programa de Intervención Familiar del Concello (PIF) ha denunciado una “reducción encubierta de los presupuestos en Programas Sociales”, y las “graves consecuencias” que ello tendrá sobre los usuarios de los mismos.
Juan Carlos Dovigo asegura que la nueva empresa concesionaria del servicio, CLECE, carece de experiencia en este ámbito, y “denuncias y sentencias firmes en distintos lugares del Estado”, algo que, subraya, no la capacita, ni para asumir un servicio social pionero en Galicia, “llevado a cabo con altos niveles de éxito”, ni para mantener la calidad del mismo, “que se verá modificada hasta el extremo de reducir el número de personas a las que se atendía hasta ahora”.
Ello será así, en primer lugar por el cambio de horario, que hasta este momento era, ininterrumpido, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, “siendo flexible desde esa hora, lo que permitía atender casos urgentes en casi cualquier momento, incluso a las 10 y 11 de la noche”. El mismo se ha cambiado por otro que es de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h., “lo que nos obliga a ir y volver, mañana y tarde por la oficina, aumentando el tiempo que estamos con las personas que nos necesitan y reduciendo el número de problemas que podemos atender”.
El representante de los trabajadores ha recordado que esta limitación horaria ya se probó hace 10 años, “y se cambió cuando se comprobó que no funcionaba, que es lo que va a pasar ahora: dejaremos de atender a la mitad de las personas que lo precisan”. En ello, advierte, influirá la imposibilidad de coordinarse con otros servicios, como los de la Xunta, o los colegios, algo que se hacía mediante citas entre los diferentes técnicos, a primera hora de la mañana, antes del horario de atención al público, “algo que con esta organización ya no podremos hacer”.
Dovigo incide en que cada uno de los 8 educadores atiende una media de 15 casos y que, en cada caso, “hay no menos de 3 personas”, a ello hay que sumar los que asumen los 2 psicólogos, “entre 15 y 20 casos cada uno”, lo que significa que el PIF se encarga de unas 500 personas en conjunto, al tiempo que recalca que “no se trata de población normalizada”, sino que presentan, en su mayoría, problemas que requieren un tratamiento y una atención continuada, así como un seguimiento constante.
Primó la oferta económica
Según fuentes del propio personal, este servicio salió a concurso con unas bases en las que la contratación de personal y las aportaciones de mobiliario, “que son inexistentes porque el mismo pertenece al Concello”, puntuaban, en conjunto, lo mismo que la oferta económica, que CLECE estableció en 100.000 € menos en cuatro años frente a la presentada por la Fundación Aldaba, que durante los últimos años, y hasta el próximo mes de septiembre, estaba a cargo de este servicio.
En opinión de los trabajadores, este baremo disminuirá la posibilidad de ayudar a vigueses que han sido muy maltratados por la crisis, limitará la acción del Programa de Intervención Familiar, “un instrumento importante dentro de los Servicios Sociales de la ciudad en estos momentos”, restringiendo la ayuda que los profesionales de la acción puedan prestar a estos ciudadanos. Por ello, “denunciamos la imposibilidad de atender a las necesidades de las familias debido a las limitaciones que desde el ayuntamiento se imponen”.
