La reunión coincide, según fuentes comunitarias con la entrega, por parte del ministro de Economía de la petición formal de ayuda financiera por valor de 100.000 millones de euros y la difusión de los resultados al sector financiero español realizadas por las firmas Oliver Wyman y Roland Berger. La UE ya ha adelantado que los requisitos se aplicarán no sólo a las entidades que reciban ayudas, que podrían llegar a ser liquidadas, como adelantó el vicepresidente de la comisión, Joaquín Almunia, sino al conjunto del sistema financiero que, desde ese momento, estará sometido a exigencias muy estrictas en materia de supervisión y regulación.
Además, los países de la eurozona establecerán las condiciones en materia de tipos de interés, que podrían estar entre el 3% y el 4%, y plazos de devolución, cuestiones que según la Comisión todavía no se han abordado, pero que pueden oscilar entre 10 y 15 años.
Por último, el Eurogrupo deberá señalar si el rescate se financiará con el vigente Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) o con el Mecanismo de Estabilidad Financiera (MEDE), el fondo permanente que debe empezar a funcionar en julio. La mayoría de Estados miembros, entre ellos Alemania o Países Bajos, defiende la segunda opción. Ello supone un problema: el MEDE tiene estatus de acreedor preferente, lo que supondría que sería el primero en cobrar en caso de reestructuración de la deuda española, anteponiéndose a los inversores privados, lo cual podría incidir en la deuda del Estado.
Lo que sí ha quedado descartado, tal y como pretendía el presidente Rajoy, es que el dinero se preste directamente a los bancos puesto que las normas comunitarias solo permiten que este proceso se lleve a cabo a través de los Estados, lo que significa que España tendrá que abalar el préstamo.
