Así lo aseguró hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de visita en Galicia, en donde se refirió a la estafa de las participaciones preferentes que sólo en nuestra comunidad afecta a unas 100.000 personas. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha encontrado encaje para que los afectados puedan recurrir a la vía penal, pero todo apunta a que podrán hacerlo a través de la legislación de consumo.
La Fiscalía General del Estado está estudiando la posibilidad de «tipificar penalmente algunas actividades« y que, aunque, «hasta el momento no encontramos fácil ubicación» lo que sí tienen claro, según Torres-Dulce, sí puede haber espacio para la reclamación en la legislación civil de consumo.
Al parecer, gracias a las diligencias informativas que se han abierto en disttintas comunidades autónomas, «posiblemente hacia finales de junio o principios de julio» podría interponerse una demanda de consumo en defensa de los intereses de todas esas víctimas de dichos productos financieras tóxicos.
