La denuncia la ha hecho la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña. La Dirección Xeral de Patriomonio Histórico respondió a esta asociación, en contestación a una queja remitida al Valedor do Pobo por el cierre del pazo en agosto, remitiéndose al convenio firmado por el gobierno autonómico con la familia Franco.
En el mismo se especifica que “la Xunta se compromete a asumir los costes derivados del desarrollo de las visitas guiadas y del establecimiento de las condiciones de seguridad adecuadas para minimizar los riesgos del deterioro del inmueble, con un límite total de gastos de 23.000 euros”..
En opinión de la CRMH , esta decisión se basa, exclusivamente, en un informe de la empresa de seguridad “por la imposibilidad de garantizar la seguridad durante los días en la que la familia esté alojada en el mismo”. La asociación cree que “es el colmo que se pague con dinero público la seguridad de esa familia que disfruta desde hace 74 años del pazo, comprado con dinero robado al pueblo”, al tiempo que denuncia que “cerrar el pazo para facilitar las vacaciones de la familia Franco supone un incumplimiento de la Ley do Patrimonio Cultural de Galicia”.
