Esa es la fórmula que propone la Xunta y que trasladará a las entidades que hayan emitido acciones preferentes. El laudo arbitral, en opinión del Gobierno autonómico, abre una vía para que las depositarias y los usuarios alcancen una solución con «forma de sentencia judicial«, eso sí, para las cajas y bancos participados por dinero público, como es el caso de Novagalicia Banco, contra el que se acumulan la mayoría de las reclamaciones de los 70.000 clientes gallegos afectados por estos depósitos, esta fórmula deberá ser autorizada por su máximo accionista, el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria (FROB).
Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta tras el Consello, celebrado este viernes, subrayando que a algunas entidades ya se les ha trasmitido esta posibilidad y que se seguirá haciendo con el resto.
