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Lo astilleros, al límite

Entre 8 meses y un año. Eses es el tiempo que llevará articular y formular un sistema fiscal que satisfaga las condiciones impuestas por la Unión Europea a los astilleros, después de que Bruselas haya rechazado la propuesta de aplicar un régimen fiscal transitorio a España similar al anterior tax-lease. La situación se complica aún más por la convocatoria de Elecciones Generales y la toma de posesión del nuevo Gobierno, que se producirá casi a finales de año, y con un presupuesto que será automáticamente prorrogado por las Cortes.

La situación para los astilleros de la Ría de Vigo es tan grave, que este miércoles se ha convocado una reunión de urgencia en Madrid, a la que asistirán los responsables de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (PYMAR) y representantes de las Comunidades Autónomas afectadas, a fin de estudiar qué hacer para evitar el deterioro definitivo del sector.

Y la solución no es fácil. La UE no acepta que España aplique otro sistema al sector que no sea igual que el francés: ello supondría que la rentabilidad de las empresas españolas fuese mucho menor que las galas los cálculos indican que menos del 22% del precio final de cada buque, algo inasumible económicamente. De aplicarse este régimen fiscal, los responsables del naval calculan que entre un 70 y un 80% de los astilleros deberían de echar el cierre, empezando por todos los grandes, ya que únicamente sobrevivirían aquellos que construyen buques pequeños y medianos, a los cuales no se les aplicaría el mencionado régimen. ¿Cuál sería el coste en empleos?, según el directivo de una de estas firmas, entorno a 4.000 despidos entre este año y el próximo.

Mientras esto pasa en Madrid, en Vigo, Patronales y sindicatos del Metal inician la negociación del convenio para la provincia, aunque esta vez será distinto. Las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo rápido ante la gravísima situación por la que pasa el sector, por lo que no tendrá nada que ver con el anterior acuerdo que llevó 14 meses, se alcanzó después de casi 30 días de huelga y no fue firmado ni por la CIG, Instalectra nni la patronal de fontanería, gas y calefacción (Foncalor).


 

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