Las frías estadísticas señalan que 200 familias al día se quedan sin casa, en España, como consecuencia de desahucios o ejecución de hipotecas por parte de las entidades financieras. Lo peor de todos estos claros atentados contra la dignidad humana es que una gran cantidad de familias se quedan en situación de exclusión social, al ser su única vivienda habitual.
Antes de que se llegue a producir un desahucio se deberían agotar todos los medios de diálogo entre las partes a través de la concesión de una moratoria, la renegociación del préstamo hipotecario e incluso a través de la mediación social con la intervención de los propios servicios municipales. Todas las medidas que se adopten son pocas para evitar que se quede en la calle cualquier familia humilde por carecer de los recursos económicos para subsistir con un mínimo de dignidad.
Por otra parte la solidaridad social se hace cada vez más necesaria en estos casos y, en la mayoría de las ocasiones, no existe, Así algunos individuos, de escasa catadura moral y pocos escrúpulos, se aprovechan para especular con las viviendas embargadas para arrendarlas o bien venderlas al mejor postor consiguiendo así un enriquecimiento lícito pero moralmente despreciable. Saben que las entidades financieras son las mayores inmobiliarias que hay en España y los precios de estas viviendas, que proceden de ejecuciones hipotecarias, están muy por debajo de su coste real. No quieren ser conscientes de que mañana, por cualquier revés laboral, familiar o enfermedad, pueden ser ellos los que se encuentren en esta misma situación e incluso viviendo de la caridad.
JOSÉ MANUEL PENA
